Explican cómo se realizó fraude en Bahía de las Águilas

Explican cómo se realizó fraude en Bahía de las Águilas

El Estado dominicano detalló este jueves cómo se realizó el alegado fraude con los terrenos de Bahía de las Águilas, en bahia-de-las-aguilas-nlPedernales, y pidieron la anulación de los títulos y cartas constancias emitidos esos inmuebles.

Al hacer la exposición de la demanda, Laura Acosta, hablando en representación del Estado, relató que el origen del derecho del Estado dominicano en la parcela 215A se desprende de una decisión del Tribunal de Tierras del año 1953 y el certificado de título número 28 emitido a favor del Estado dominicano, que le da el derecho de propiedad sobre este inmueble luego de haber sido subdividida en 215A y 215B.

Este título del Estado, indica, es sobre 363 millones de metros cuadrados y sobre le mismo no se ha hecho ninguna rebaja.

Al hacer la exposición de la demanda, Laura Acosta, hablando en representación del Estado relató, explicó que el inicio del fraude que fue descubierto en los archivos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y en Bienes Nacionales data de 1990 cuando se emitieron sendos oficios estableciendo la propiedad de algunas porciones de terrenos, hoy reclamadas, sobre la base de oficios del IAD que ordenaban sus transferencia, aun cuando el título de la parcela no se encontraba a nombre de esta entidad.

Estos oficios, precisa, que van desde el 7750 hasta 7762 “en realidad corresponden a otros asuntos que no tienen que ver con asentamientos agrarios o transferencias de propiedad”.

“Por ejemplo el oficio 7753  corresponde a un oficio dirigido al Joaquín Balaguer, expresidente de la República, dándole el pésame con motivo a la muerte de su cuñado Mario Vallejo, es decir, que le título de propiedad que pretenden hacer reconocer se sustenta la transferencia en ese oficio que no es más que un pésame, así ocurre también con los demás”, explicó Acosta.

Afirmó que esta práctica siguió se mantuvo desde 1990 hasta el 1995. “Como se dieron cuenta los defraudadores del Estado que podían transferir derecho de propiedad fácilmente, en componenda con funcionarios públicos, decidieron que no se ibas a coger 50 o 100 tareas, sino que se ibas a apropiar de 400 millones de metros cuadrados”, dijo.

Para poder realizar esto, explica Acosta, el entonces director de IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, alegadamente expidió en diciembre de 1995 el oficio 10790, en el cual establece  la necesidad de que se le transfiera al IAD la parcela 215A, ya que, entre otras cosas, existe allí un “importante asentamiento de reforma agraria”.

Precisa que se cuándo se remitió esta petición se envió con el sello del registro de título puesto, “y se equivocaron y pusieron uno que decía registro de título de Santo Domingo, que en esa época no existía”. Continúa diciendo que al darse cuenta del error, el 5 de febrero de 1996 emiten el oficio 433 enviado a Carlos Eligio Línares, entonces director de Bienes Nacionales desde el IAD solicitando la transferencia del terreno.

En respuesta a esa comunicación, indica, Linares obtemperó y remitió un oficio solicitando al registrado de título de Barahona la transferencia de dicho derecho de propiedad y el 6 de febrero, día del oficio de Bienes Nacionales, fue inscrito en el libro 1547 filio 387 del libro de inscripciones número 6 del Registro de Título de Barahona.

“Es decir que en menos de 24 horas, dos funcionario públicos emitieron dos oficios, los enviaron a Barahona, llegó a Barahona el mismo día  y a las ocho y media de la mañana del mismo día del oficio fue transferido el derecho de propiedad, si eso no es un fraude que venga Dios y lo vea”, sostuvo.

Explicó también, que una vez transferidos esos derecho se trató de una componenda que no solo incluía a Rodríguez Guzmán, Elígio Linares, Luis Ramirez Suberbí, registrado de títulos de Barahora, sino que también se encontraban en esa componenda los alegados terceros, muchos hoy reclamantes.

Sostuvo que del 5 de febrero de 1996 al 10 de febrero, el Estado dominicano transfiera al IAD los terrenos de bahía de las Águilas, esta entidad crea un asentamiento agrario con más de mil 500 persona, emite los títulos a esas personas y luego esas mil 500 personas le venden a los adquirientes de buena fe que están aquí. Sobre los terrenos, expresa, se realizan transferencias a pesar de tener dos oposiciones.

Es en 1997 que se destapa el escándalo, y es cuando, explica Acosta, la procuraduría busca en los archivos de la Junta Central Electoral para saber los nombres de las personas que fueron asignadas las parcelas, y encuentra que los alegados campesinos asentados no son más que los nombres en orden alfabético en el padrón electoral de las provincia de Pedernales y Barahona.

Posteriormente, indica, se inició un proceso penal en 1997 contra de Jaime Rodríguez y demás personas que sirvieron para cometer el alegado fraude.  La providencia calificativa del expediente fue dictada en 2003 por la hoy jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Esther Ágelan Casasnovas, para la sazón, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del DN.

En esa sentencia, dice Acosta, algunos de los imputados quedaron en libertad por no existir indicios que comprometieran su responsabilidad penal.

Devuelven y reclaman

Hay dos reclamantes, dice Acosta, aquí en esta sala que son Puro Pichardo Fernández y Miguel Nelson Fernández que junto a otros imputados fueron descargados en el proceso penal porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente.

Dijo además que Pichardo depositó el pasado 9 de junio de 1998 un acto de entrega de los títulos para el proceso penal entregando el título y autorizando su cancelación para que los terrenos pasasen al Estado.

Manifestó además el noviembre de 1997 con firma suscrita por José Altagracia Marrero Novas, que además de estar representado ha venido a las audiencias, devolvió un total de 88 títulos de propiedad (cartas constancias), de diferentes personas, muchas de las cuales, precisa, hoy reclaman las tierras.

Dice Acosta de manera irónica que Jaime Rodríguez iba beneficiar a campesiones para sembrar guasábara y cabrón,  y criarán iguanas en esas playas de Bahía.

Dada la cantidad de personas que tenían terrenos adjudicados, muchas de las cuales se enteraron cuando vieron su nombre en la lista, se creó un formulario para las personas que aparecían con terrenos adjudicados sin tener conocimiento. Indicó que muchas de esas personas que establecieron en esos documentos no tener nada, hoy están representados y reclaman terrenos en Bahía.

Reveló que se inventariaron mil 491 títulos algunos sin firma y otros sin sellos de registrador. Agregó que en cuatro días, intentaron despojar de los terrenos al Estado a través de oficios del IAD, enviados a Bienes Nacionales, de ahí se lo adjudican a los campesinos y de estos a los terceros adquirientes.

Alegó que la ley de reforma agraria establece que no se puede transferir los terrenos de reforma agraria que queda grabado como un bien de familia. “Es imposible que de forma regular se hicieran las transferencias”

En 2003, fue descargado por la magistrada Esther Agelan Casasnovas siendo jueza del segundo juzgado. Puro Pichardo luego de ser descargado en materia penal ahora está reclamando terrenos.  Devolvieron títulos alegando que no tenían mala fe.

Que no le despojen a este país de un 1% de su territorio. Es personal de cada uno de los dominicanos que son propietarias de bahías de las águilas.

El abogado del Estado Fermín Casilla Minaya concluyó diciendo que se declaren nulas las transferencias, operaciones inmobiliarias, deslindes, subdivisiones, refundiciones y cualquier operación de transacción en perjuicio de los terrenos “propiedad” del Estado, la cancelación de todas las constancias de ventas anotadas, así como todas las hipotecas, contratos de arredramientos, de cuota lites y cualquier otro contrato.

Lo envían a juicio

Tras emitir sus conclusiones en nombre de Puro Pichardo, el abogado Valerio Fabián Romero, pretendía dar calidades por unos intervinientes voluntarios en el proceso, esto provocó que la jueza pusiera en duda su integridad profesional, y tras reclamarle por lo ocurrido le envió por ante el Colegio de Abogados, para que sea procesado por faltar al Código de Ética.

Se defienden

Seis de los abogados de la parte demandada emitieron sus conclusiones pidiendo que se rechazara la demanda del Estado dominicano. Rufino Oliver, representante de la empresa turística Águilas Dominicana Internacional aseguró que sus clientes eran compradores de buena fe y criticó que el Estado incentiva a extranjeros a comprar e invertir aquí para cuando llegan, como es el caso de su cliente croata, se encuentra con  la inseguridad jurídica que atenta contra sus recursos.

Este viernes hay audiencia

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional darán a conocer hoy si extingue el proceso penal de Bahía de las Águilas en el que son procesados el exdirector de IAD, Jaime Rodríguez, su esposa y su hermano, o si por el contrario conoce el juicio de fondo en su contra. La lectura de la sentencia está pautada para las 11:00 de la mañana.

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