Gobierno apuesta a las concesiones para repuntar la minería


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SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, se declara abanderado de la minería, de la que se hace de manera responsable –aclara- y habla de ello con entusiasmo. De hecho, cambia el término minería por el de industria extractiva para definir el momento que vive la República Dominicana con las optimistas expectativas de que existe un sistema de hidrocarburos (gas y petróleo) para cuya exploración y (posible) explotación ya se inició el proceso de licitación.

Los detalles que ofrece sobre estudios realizados y a realizar, de nuevas legislaciones, licitaciones y su aspiración de transformar los ingresos nacionales, revelan la apuesta del Gobierno por sacarle provecho a esos recursos no renovables que guarda el suelo dominicano y levantar un sector que viene en caída en los últimos años.

El país tiene concesionadas 160,041.93 hectáreas mineras para fines de exploración y otras 162,458 en explotación. Alrededor de 57 mil se otorgaron a partir de mayo de 2015.

La entrega se hizo a través de 40 contratos de exploraciones para minería metálica y 47 para no metálica, además de otros 49 contratos de explotación no metálica y dos metálicas a nombre de Corporación Minera Dominicana S.A, (Comirdom) y Falconbridge Dominicana S.A. (Falcondo). Se suman los contratos especiales que tiene Pueblo Viejo Dominicana Corporation y la Envirogold (Las Lagunas) Limited.

Solo este año se otorgaron las concesiones de explotación de oro, plata, cobre, zinc y plomo La Rabona, en Jarabocoa, con una superficie de 1,391 hectáreas, y la Recodo en Baní, con extensión de 995 hectáreas. Ambas pertenecen a la GoldQuest Dominicana, empresa a la que desde 2012 a la fecha se le han concesionado 16,240 hectáreas mediante 15 proyectos de exploración en varias provincias de país.

La mayor porción de área concedida se encuentra en San Juan, donde los comunitarios y varias personalidades del país han expresado temor por la amenaza que la actividad minera representa para la conservación del bosque y el agua de esa zona, al sur del país.

En el mismo renglón de no metálica se entregó en febrero de este año el proyecto Neita, Fase II, ubicado en las provincias fronterizas Dajabón y Elías Piña con superficie de 21,031m2 de la empresa Unigold Resources, inc.

“Tenemos que estar claro que la pobreza es el peor enemigo del medio ambiente. Tú no puedes defender el medio ambiente ni el ecosistema si tú no combates la pobreza, por eso yo levanto la bandera de la minería responsable, la minería sostenible en los términos que te he dicho: ambiental, social y económicamente”, Antonio Isa Conde.

Pero donde el ministro Isa Conde ha puesto mayor impulso, según sus palabras, es en la exploración de los hidrocarburos.

“Es el proyecto que estamos impulsando con más valor, con más vigor y que va a tener resultados más rápido, pues estamos en el último inning, es decir, ya estamos en el proceso de licitación, pues estamos contratando la empresa que nos va acompañar” adelanta.

Luego explica sus motivaciones: “Tenemos que darle importancia a esto que estamos haciendo, pues esto puede cambiar el perfil del Producto Interno Bruto (PIB). Lo que eso puede significar a nivel de incrementar las riquezas del país es enorme, los ingresos del país, sobre todo del Estado, pues aquí rompimos con la ley del embudo”.

Sus comentarios se dan en un momento en que el aporte de la minería al fisco lleva una tendencia a la baja. El informe de la Economía dominicana que prepara el Banco Central muestra que la actividad Explotación de Minas y Canteras presentó una disminución de 3.4% durante el año 2017, que atribuye a la caída en la producción de oro (-8.7%), cobre (-2.2%) y arena, grava y gravilla (-0.9%), “los cuales representan alrededor del 90% de la producción minera”.

Para el semestre enero-junio 2018, el banco señala una disminución de los impuestos mineros en RD$8,684.4 millones respecto a la recaudación que acumularon en el mismo período de 2017. Explica la caída en la disminución del impuesto sobre las utilidades netas mineras (PUN) en RD$6,407.8 millones. “Se constata, además, una caída de 13.3% de la cantidad exportada de oro, así como una baja de los precios internacionales del oro”, dice el informe.

¡Hay petróleo!

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Los dominicanos han acuñado por años la frase: “Hay petróleo en Charlo Largo”, referente a la comunidad de la provincia Azua que por años ha sido analizada debido a las emanaciones del carburante. Pero los estudios realizados en esa zona, que datan desde principios de 1900, no han tenido hallazgos significativos.

El ministro Isa Conde -optimista- explica que tampoco las perforaciones anteriores han sido de la profundidad necesaria y sigue las recomendaciones de la firma internacional Schlumberger que planteó realizar estudios más profundos y la adquisición de nuevas sísmicas.

Charco Largo es una de seis cuencas de interés que ha identificado el Ministerio para las exploraciones de gas y petróleo. Pertenece a la cuenca de Azua que abarca un área de 13,470 kilómetros cuadrados , donde los estudios han evidenciado estructuras que funcionan como almacenes de hidrocarburos.

Las otras cuencas son Enriquillo, con área de 179,160 kilómetros cuadrados; San Juan, con 13,852 kilómetros cuadrados; San Pedro de Macorís, con 7,917.201; Ocoa, 436,931; y Cibao Oriental con dos áreas que suman 177,123 kilómetros cuadrados.

Dos de las cuencas, las de San Pedro y Bahía de Ocoa son marítimas y junto a la de Azua e Enriquillo serán las primeras cuatro en concesionarse durante el actual proceso.

Algunas de las cuecas forman parte de áreas protegidas, como la Bahía de Ocoa, declarada Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deño, mediante el decreto 571-09, con el propósito de “conservar la única porción de la Cordillera Central que toca el Mar Caribe, donde se concentra una biodiversidad altamente especializada, con gradientes altitudinales que se conjugan con las vistas grandilocuentes de la Bahía de Ocoa y Playa Caracoles, hermosos escenarios y enclaves históricos y ecoturísticos de la Provincia de Azua de Compostela”.

En tal sentido el ecologista Eleuterio Martínez pide ser cuidadoso con lo que se pretenda hacer en ese lugar y que se hagan los estudios ambientales necesarios, pues si bien la exploración no generaría mayores problemas, una posible explotación pondría en riesgo lo que se pretende conservar en el lugar.

Pero Isa Conde entiende que se puede hacer una explotación minera responsable si se supervisa y se aprueba de forma adecuada, con garantías de instituciones fuertes, capaces de fiscalizar. “El pasado nos nubla y tenemos que saber dar el salto al futuro”, sugiere el funcionario que ve en la pobreza a un peor enemigo del medioambiente que en la minería.

Hacia la ronda petrolera

Energía y Minas creó la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos con las informaciones geológicas y geofísicas levantadas en el país desde 1904 hasta 2013, que completan unos 21 mil kilómetros de línea sísmica analizada e interpreta.

Conseguir esa información que reposaba en los archivos de las empresas que la levantaron y no en el Gobierno, se hizo a un costo de RD$9.0 millones anuales (27 millones) durante tres años. Dice Isa Conde que, de haber tenido que producirla actualmente, le costaría a cualquier gobierno unos US$145 millones (más de 7,000 millones de pesos).

El funcionario resalta que los datos se han presentado a empresas internacionales que están muy entusiasmadas en participar de la exploración.

La adjudicación será mediante licitación, pero no convencional, sino tipo subasta, que será precedida por una ronda petrolera que podría realizarse este mismo año.

Ya el Ministerio está finalizando el proceso de licitación para elegir a una firma consultora que le acompañará en la selección de la empresa adjudicataria. También tiene diseñado el modelo de contrato a implementar, del que Isa Conde destaca que es un esquema de ganar-ganar donde el Estado se mantiene como dueño de las minas y podría tener beneficios desde 40% hasta 55% según oscile el precio de mercado.

El modelo de contrato establece un periodo de seis años para exploración inicial, que será prorrogable por dos periodos de dos años, pero se contemplan períodos de retención de hasta 10 años en caso de que haya descubrimiento de yacimientos durante el período de exploración. En la fase de producción el plazo es de 20 años, prorrogable a dos períodos de cinco.

Como parte de los aprestos, el presidente Danilo Medina emitió en marzo de 2016 el decreto 83-16 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 4532 sobre Explotación y Producción de Hidrocarburos (que data de 1956). Dicha Ley otorga poder al Ministerio de Energía y Minas para suscribir contratos, en representación del Estado dominicano.

Legislación
Como la ley de minería del país data de antes de 1960, Isa Conde ya ha presentado una nueva propuesta de Ley al Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, daría garantías de que los recursos que produce la actividad minera se les dé el uso que corresponde. Se plantea la creación de un fondo especial para cubrir el cierre de la mina, y que debe estar disponible dos años antes de que se produzca.